lunes, 15 de julio de 2019

El fraude de los gigantes agroalimentarios

Aerogeneradores de escala industrial en el sur de España. Foto: Mireia Sentís
by Biodiversidad

En los últimos seis años el gobierno ha promovido al estado de Jalisco, en México, como “el gigante agroalimentario” dando prioridad a pocos productos de exportación, como “moras”, frambuesas, tequila, limón, azúcar y aguacate, mientras cada vez comemos alimentos de menor calidad y más caros, con costos de producción ambiental y de salud humana muy altos y efectos nocivos de largo aliento. Entre tanto, las comunidades indígenas y campesinas tienen clarísimo el resultado de su esfuerzo, “siempre el campesino es el que produce la comida.

Aunque, la gente de la ciudad no se dé cuenta. El hambre será general si la cultura campesina desaparece, por eso la importancia por la lucha de la vida campesina”.1 La variedad, calidad y cercanía del alimento depende de los campesinos. No puede depender del flujo del capital, del mercado y del petróleo.

En México, el Estado justifica el fracasado programa de “cruzada contra el hambre” mientras la agroindustria devasta impunemente el territorio y el saber campesino ofreciendo nutrir a la población con los desechos de la alimentación industrializada.

Mientras, en asambleas, talleres y denuncias, los campesinos identifican los efectos de la agroindustria promovida por “Jalisco, el Gigante Agroalimentario”: aumento de plagas y enfermedades, erosión de suelos, desabasto de agua, cambio de clima y múltiples afectaciones sociales. Proponen hacer agroecología como una vía, como una caja de herramientas prácticas para volver a la agricultura tradicional, que en la concepción cíclica de la historia siempre está en el horizonte, sobre todo desde que este ataque inició con la Revolución Verde. Por eso en los talleres de la Red en Defensa del Maíz en el sur de Jalisco se propuso: “convivir con lo silvestre, cuidar comunitariamente la naturaleza, conocer bien el territorio, recuperar la memoria de los viejos y la historia ambiental del entorno, ser menos dependientes de la tecnología, recuperar y usar técnicas propias, hacer parcelas comunitarias con los viejos, jóvenes, niños y el resto de la comunidad con agricultura tradicional e involucrar a la gente de la ciudad”. E insisten en que “se hace necesaria la agroecología hoy. Es una manera de remontar lo que nos han quitado, despreciado y prohibido, incluida la criminalización por usar semillas campesinas y el libre intercambio; es crucial usar estas herramientas, pero ponerlas en su lugar, no como receta: porque justamente la destrucción de nuestra confianza, de nuestros saberes, de la rentabilidad en el campo hacen que sea muy difícil, pues el discurso ha ido desacreditando la agricultura”.2 Los jóvenes denuncian que “este gigante viola el derecho de las futuras generaciones a un medio ambiente sano, al suelo, al agua, al monte” y añaden: “queremos vivir dignamente en el campo, cubriendo nuestras necesidades de subsistencia y recreación personal y comunitaria”. 3

Desde el año 2000, en el contexto del Plan Puebla Panamá, ¿ahora llamado Tren Maya?, se viene diciendo que en México se tiene que reducir de 20 millones a 2 millones de campesinos. No quiere decir que se vayan a ir a estudiar o tener una vida mejor, quieren que la gente deje su territorio y se vaya a las ciudades u otros países a servir a los campos agrícolas, de jornaleros u obreros de la industria y la maquila, ya no campesinos dueños de su tierra.

Camila Montecinos relata el fenómeno de “Chile potencia alimentaria”. Esto comenzó en 1984 y es muy parecido a lo que ocurre en México. Después de treinta años de potencia agroalimentaria, el resultado es que la producción de alimentos prácticamente no ha aumentado, pero ahora el 80 por ciento de la producción agrícola de Chile se va al extranjero, “ahora somos un país totalmente dependiente de lo que llega de fuera, incluso de las hortalizas; muchas vienen de China. En Chile había un ajo local que fue desplazado por el chino. Es absurdo traer ajo de China. Y las utilidades de esas exportaciones se gastan en comida”.

Esto sólo empodera el sector empresarial y afecta a las comunidades rurales. El precio de los alimentos aumenta. La calidad nutrimental y la variedad de la alimentación local se reducen. La huella de carbono es inmensa, pues las empresas del agronegocio exportan, importan, contaminan, desechan, refrigeran, congelan, especulan y desperdician.

En el boom agroindustrial la cantidad de gente empleada en producir no ha aumentado, sólo ha migrado del trabajo campesino al trabajo proletarizado o explotado y desregularizado, incluso cayendo en situación esclavizada.4 Esto deja secuelas de enfermedades crónicas o terminales, drogadicción, intoxicación y muerte.

En Chile, como en toda América Latina, se vive un acaparamiento de tierras por arrendamiento, invasión y contaminación. Desplazando a los campesinos y destruyendo las fuentes naturales de vida en todas las regiones.

En el “Encuentro de Personas Afectadas por los Agronegocios en Costa Rica” las y los participantes realizaron un análisis sobre las problemáticas que enfrentan en sus comunidades a consecuencia de la expansión de los monocultivos de banano, piña, arroz y palma africana: falta acceso a agua potable, hay contaminación de las fuentes de agua a causa de los plaguicidas, un excesivo uso de agroquímicos y fumigaciones aéreas más conflictos territoriales que provocan que cada vez más personas sean peones sin propiedad. Las empresas convencen a las poblaciones de que generarán fuentes de empleo. También impacta en las formas de producción y en la economía familiar: algunos campesinos apuestan por usar paquetes de agroquímicos, dejan de producir lo suyo, olvidan el conocimiento tradicional y deciden vender sus fincas a las grandes corporaciones”. “La piña ocupa el segundo lugar de cultivos en los que se usan más plaguicidas”.

Las ganancias no quedan en el país ni en los trabajadores; 43 por ciento de las ganancias se van a los supermercados europeos. El 80 por ciento de las importaciones que hace Costa Rica de plaguicidas son altamente peligrosos, y pueden generar efectos o síntomas graves de intoxicación a las pocas horas de trabajar con ellos si entran al organismo e incluso causar la muerte. Costa Rica importa unos 12 millones de kilogramos de ingredientes activos y formulaciones de plaguicidas por año, provenientes principalmente de China, India y Estados Unidos. La gran mayoría se aplican en cultivos a lo largo y ancho de todo el territorio costarricense.5

En México el caso del aguacate (otro cultivo agroindustrial), lo documentó a detalle la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos celebrada en Michoacán, encontrando violaciones a derechos de carácter internacional con repercusiones locales que resultan de un sistema caracterizado por acuerdos de libre comercio que benefician sólo a los propietarios del capital y a los gobiernos que son cómplices en su implementación, violando los derechos de trabajadores, mujeres, campesinos, pueblos indígenas y comunidades locales. En particular el TLCAN es responsable “de la intensificación del desarrollo industrial, la devastación ambiental y la violación de los derechos humanos asociada con ellos en Michoacán”, así como “la expropiación de tierras para cultivos intensivos de productos para la exportación” como aguacates, fresas, frambuesas y otros similares lo que, a su vez facilita la expropiación de tierras indígenas y el cambio de uso del suelo de agricultura tradicional a agricultura industrial, el uso de pesticidas altamente peligrosos —prohibidos en otros países, pero considerados legales en México— y la contaminación intensiva de las fuentes de agua.

En esa sesión se denunció que jornaleras y jornaleros no sólo están expuestos a los plaguicidas de todo tipo durante las horas de trabajo sino que, también el resto del tiempo, al estar sus viviendas cerca de las zonas de cultivo. “A los agroquímicos se les atribuye una mayor frecuencia de abortos, de niños con espina bífida mutaciones y descerebrados, con leucemia, enfermedades renales y una relación directa con el cáncer, así como la diabetes. La aplicación en promedio de 900 mil 450 toneladas de pesticidas al año, además de 30 mil toneladas de fertilizantes químicos en la zona aguacatera contamina los mantos freáticos”.6

“Dados los agravios y mecanismos utilizados por el Estado en general, los dictaminadores consideramos que hay una clara desviación de poder de manos del pueblo hacia empresas transnacionales y algunas nacionales, que imponen una estructura económica-productiva favorecedora de sus intereses pero, a la vez, provocadora de todos los daños socio-ambientales denunciados. Las resistencias colectivas, comunitarias y ciudadanas llaman la atención porque actúan del lado de la conservación, protección y buen uso de los recursos de la naturaleza, y porque vuelven visibles nuevos derechos no contemplados aún por la legislación vigente, tales como: los derechos a la autodeterminación o autogestión política, social y cultural, a la autodefensa, generando sus propios cuerpos de seguridad local o comunitaria, así como a la soberanía en todas sus vertientes: alimentaria, energética, financiera, tecnológica, comunicadora y cultural”.7

En esa sesión se denunció que jornaleras y jornaleros no sólo están expuestos a los plaguicidas de todo tipo durante las horas de trabajo sino que, también el resto del tiempo, al estar sus viviendas cerca de las zonas de cultivo. “A los agroquímicos se les atribuye una mayor frecuencia de abortos, de niños con espina bífida mutaciones y descerebrados, con leucemia, enfermedades renales y una relación directa con el cáncer, así como la diabetes. La aplicación en promedio de 900 mil 450 toneladas de pesticidas al año, además de 30 mil toneladas de fertilizantes químicos en la zona aguacatera contamina los mantos freáticos”.6

“Dados los agravios y mecanismos utilizados por el Estado en general, los dictaminadores consideramos que hay una clara desviación de poder de manos del pueblo hacia empresas transnacionales y algunas nacionales, que imponen una estructura económica-productiva favorecedora de sus intereses pero, a la vez, provocadora de todos los daños socio-ambientales denunciados. Las resistencias colectivas, comunitarias y ciudadanas llaman la atención porque actúan del lado de la conservación, protección y buen uso de los recursos de la naturaleza, y porque vuelven visibles nuevos derechos no contemplados aún por la legislación vigente, tales como: los derechos a la autodeterminación o autogestión política, social y cultural, a la autodefensa, generando sus propios cuerpos de seguridad local o comunitaria, así como a la soberanía en todas sus vertientes: alimentaria, energética, financiera, tecnológica, comunicadora y cultural”.7

El cultivo del aguacate se expande hacia Jalisco, que importa las crisis del modelo michoacano. Se expanden los infernales invernaderos hiper-tecnificados de todo tipo de bayas: “moras” (azules, zarzamoras, arándanos, frambuesas y fresas) y el emblemático agave azul tequilero que utiliza en su proceso de producción al menos 18 agroquímicos. “Es grave que la incidencia de plagas y enfermedades en el agave azul se acentúe con los ciclos de sobreproducción”. y dañe profundamente los suelos. Pese a todo, el “Paisaje Agavero” es declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2006.8

El imaginario agroindustrial es la “monopolización industrial de los valores personales” del que habla Ivan Illich. Pensar que las fábricas agrotóxicas pueden producir alimentos sanos en equidad social y equilibrio ambiental. El “ordenado” paisaje agroindustrial, que sustituye lo silvestre, está más alto en la escala de valores que la salud o la alimentación sana, e invade todo el espacio de la ruralidad. Esto es una confusión de orden vital que privilegia invernaderos y criaderos con la más avanzada tecnología “inteligente y de precisión”, derrochando energía y polución, por encima de todas las variantes que definen la calidad de vida de los seres humanos. El neoliberalismo pretende invadirnos con su solución tecnocrática de la necesidad alimentaria y todas las necesidades humanas.

En realidad lo que se visibiliza es una intención de acabar con la capacidad de los pueblos y comunidades de asegurar de manera autónoma su subsistencia y formas de vida, para imponerles su integración en el mercado industrial globalizado.

Como se señaló en el Dictamen de la Audiencia sobre Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía de los Pueblos (19-21 de noviembre de 2013): “La pérdida de soberanía alimentaria que esta política ha provocado tiene como uno de sus componentes principales una modificación inducida de la dieta mexicana con efectos catastróficos. México padece uno de los más altos índices del mundo de obesidad, diabetes e hipertensión. Ocupa el primer lugar mundial en el consumo por persona de refrescos y uno de los primeros lugares en el consumo de la llamada ‘comida basura’. Al mismo tiempo, ha empezado a disminuir el consumo de productos de maíz por primera vez en la historia. A ello se ha unido la estrategia de penetración del maíz transgénico”.

Dicen los campesinos de Jalisco en reunión estatal: Con el gobierno de López Obrador hay un cambio de discurso, hablan de reactivar el campo con subsidios y reactivar las plantas oficiales de fertilizantes. No hay, por ningún lado, reconfiguración de la vida campesina. Se está promoviendo un nuevo extensionismo rural del que resurgirá más dependencia de semillas, técnicos e insumos. El monocultivo es la política de Estado. Lo chiquito e integral no cuenta para ellos, aunque sea lo que realmente llega a las mesas de la gente y lo de mejor calidad. La población no está en su horizonte.10 l

Notas:
1 Taller: “Práctica crítica de la agroecología; desde una visión comunitaria y el saber campesino frente a la agroindustria” GRAIN: Camila Montecinos Urbina y Ramón Vera-Herrera. Ejido San Isidro, Jalisco, México. Marzo 2017
2 Ibidem
3 Ibidem
4 https://www.proceso.com.mx/344623/empresa-manteniacomo-esclavos-a-270-jornaleros-en-jalisco
5 Fabiola Pomareda García, Memoria del Encuentro de Personas Afectadas por los Agronegocios en Costa Rica. 21 y 22 de junio, 2017. San José, Costa Rica.
6 Silvia Rodríguez Cervantes (Costa Rica), Richard Girard (Canadá), Víctor M. Toledo (México) Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Preaudiencia sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos. San Francisco Cherán, Michoacán, 9 de noviembre de 2012.
7 Ibidem
8 Peter R.W. Gerritsen, Jesús Juan Rosales Adame, Arturo Moreno Hernández y Luis Manuel Martínez Rivera, Agave azul y el desarrollo sustentable en la cuenca baja del río Ayuquila, Costa Sur de Jalisco (1994-2004).
9 Tribunal Permanente De los Pueblos. “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en México (2011-2014)”, sentencia, audiencia final, ciudad de México, 12-15 de noviembre de 2014.
10 Reunión regional en defensa del maíz, las semillas y la vida campesina. Caracol Psicosocial, Palos Altos, Jalisco 2 y3 de Marzo de 2019.

Fuente: GRAIN
Licencia: Copia/ Distribución

No hay comentarios:

Publicar un comentario